Por Ignacio Maschio
La universidad pública argentina representa una de las mayores herramientas de movilidad social y formación ciudadana del país. Sin embargo, el ajuste presupuestario impulsado en nombre del déficit cero pone en riesgo no solo el acceso a la educación superior, sino también el desarrollo científico, tecnológico y democrático de la nación. En un contexto de desfinanciación y deterioro institucional, resurgen debates sobre el rol del Estado y el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
Cualquier país del mundo que piense en su futuro, desarrollo y prosperidad, tiene como uno de sus ejes, una universidad que forma a sus ciudadanos, los profesionaliza y los vuelve, al fin y al cabo, los cimientos de su nación. La Argentina no es la excepción: más de 60 universidades forman a los y las argentinas en diferentes áreas, desde técnicos hasta ingenieros, y desde médicos hasta periodistas. Pero esto no es algo que surja de la nada; es una política nacional que abarca lo largo y ancho del país. Para lograr comprender qué es lo que sucede hoy, sin embargo, deberíamos hacer una suerte de repaso histórico.
En el año 1949, el Decreto 29.337, dictado por el presidente Juan Domingo Perón, quitó los aranceles a las universidades nacionales (que hasta ese momento, aunque estatales, eran aranceladas) y logró convertir en un derecho para todos los habitantes la educación superior y la formación profesional. Esto generó un incremento abrumador en la matrícula; y no en un mal sentido, sino todo lo contrario. Como solemos decir quienes gustamos de recordar cada hecho donde el pueblo se ve beneficiado: «La universidad se llenó de hijos de obreros» . Ese fue, a mi parecer, el primer gran acto de justicia social donde el 100% de la población se vio beneficiada. Los hijos de peones de campo podían estudiar ingeniería agrónoma y los hijos de los mecánicos de barrio podían graduarse para trabajar en alguna de las tantas fábricas de la industria nacional. Se le dio al pueblo la posibilidad de ser parte y de hacer crecer a su país de la forma en que ellos quisieran, además de otorgarles, claro está, la satisfacción y el orgullo de ser profesionales formados con los mejores docentes, las mejores instalaciones y los contenidos más avanzados.
Con todo esto en claro, no seré ningún visionario al decir que la universidad pública, gratuita y de calidad es una política de Estado respetada y avalada por casi toda la población argentina. Sin embargo, en el último tiempo se han levantado discursos que atentan contra este consenso social. Uno de los que mayor repercusión ha tomado es aquel que avala el ajuste sobre el presupuesto universitario bajo la excusa del superávit fiscal y el déficit cero. A esto se suma la idea de que la universidad pública es un «servicio» y no un derecho fundamental y trascendental. Detrás de esta decisión supuestamente «económica» se esconde un trasfondo político mucho más profundo y complejo: parecería que nos quieren iletrados, sin educación, sin formación y sin participación en el destino de nuestra nación.
¿Pero por qué? Esta desfinanciación sistemática no es un mero error de cálculo macroeconómico, sino el diseño de un escenario devastador y premeditado. El ahogo presupuestario se traduce, en lo inmediato, en facultades con aulas vacías debido a salarios docentes que caen por debajo de la línea de pobreza, infraestructuras edilicias deplorables que comprometen el día a día del estudio, y una masa estudiantil desamparada, sin becas ni políticas de permanencia, obligada a abandonar sus carreras para subsistir.
Al vaciar las aulas, se construye el panorama perfecto para un modelo de país que idolatra lo extranjero y desprecia lo propio. El objetivo final de desmantelar la educación superior no es otro que la paulatina desaparición de la Argentina fundada sobre la justicia social y la movilidad de clases. Al privar al país de científicos e investigadores, se condena a nuestras industrias a la obsolescencia tecnológica y a la dependencia absoluta de patentes foráneas. Al vaciar los profesorados y las facultades de humanidades y ciencias exactas, se deja a nuestras escuelas sin los docentes calificados que deben formar a las próximas generaciones.
Sin embargo, el impacto más profundo y peligroso de este vaciamiento es de carácter estrictamente democrático: al restarle al pueblo el acceso al conocimiento crítico, se debilita su capacidad de participación política y ciudadana. Un ciudadano sin formación es más vulnerable a la manipulación, a los discursos simplistas y a la resignación. Desfinanciar la universidad pública, laica, gratuita y de calidad es, en última instancia, un acto de disciplina social; es amputarle a la base de la pirámide comunitaria la herramienta más poderosa que tiene para ascender, cuestionar al poder, decidir su propio destino y defender, con argumentos y soberanía, el futuro de la nación.
Es por eso que cuando se piensa a la argentina sin una universidad que este intrínsecamente conectada al desarrollo de esta, se proyecta un pais sin ningun tipo de futuro, no solo productivo, sino también académico, científico, deportivo y al fin y al cabo, sin ningún tipo de futuro que sea el de la
