La disputa por el modelo de país, la reorganización del peronismo y los desafíos del oficialismo marcarán una elección clave para el futuro político, económico y social de la Argentina
Por Ignacio Maschio
El año 2027 se perfila como un período electoral de particular relevancia para la política argentina. En el amplio escenario político internacional y nacional confluyen actores de las más diversas corrientes ideológicas: desde una izquierda que busca consolidar su crecimiento a escala global hasta un peronismo atravesado por tensiones internas, disputas de liderazgo e incertidumbres respecto de su futuro partidario. En este contexto, la próxima elección presidencial no solo representa una oportunidad para aquellos sectores que han perdido terreno durante los últimos años, sino que también constituye un desafío fundamental para el oficialismo, que buscará obtener un nuevo mandato y garantizar la continuidad de su proyecto de país.
Sin embargo, no estamos frente a una elección más. Lo que se encuentra en disputa es, en buena medida, la orientación política, económica y social que adoptará la Argentina durante los próximos años. Por un lado, el resultado electoral podría significar la ratificación de un modelo neoliberal que, desde esta perspectiva, profundiza la dependencia económica, debilita las capacidades del Estado y compromete la soberanía nacional. Por otro, podría abrir las puertas al retorno de los sectores populares y nacionales a los principales espacios de decisión estatal. Asimismo, no debería descartarse la posibilidad de que la izquierda logre ampliar su representación parlamentaria y consolidarse como un actor de mayor peso en el escenario legislativo.
Para comprender este amplio espectro electoral, resulta necesario analizar las distintas alternativas que se presentan en el plano nacional, sin perder de vista las corrientes políticas, económicas y culturales que atraviesan el escenario internacional. Las dinámicas de poder que se desarrollan en otras partes del mundo no son fenómenos aislados: repercuten en los debates locales, condicionan las agendas políticas y contribuyen a configurar las expectativas de amplios sectores de la sociedad.
El fenómeno de la ultraderecha constituye uno de los procesos políticos más relevantes de nuestra época. Lejos de tratarse de una corriente completamente novedosa, sus ideas y expresiones han formado parte, de distintas maneras, de la historia política de numerosos países. En el caso argentino, existe una extensa tradición de gobiernos de facto y dictaduras militares que, mediante la represión, la proscripción política y la reorganización autoritaria de la sociedad, impusieron proyectos económicos y sociales profundamente regresivos para las mayorías populares.
La particularidad del presente radica en que buena parte de estas corrientes ya no necesita recurrir a golpes de Estado para acceder al poder. En cambio, puede conquistar legitimidad electoral, construir mayorías circunstanciales y avanzar sobre las instituciones democráticas desde su interior. Esta transformación no elimina los riesgos autoritarios, sino que plantea nuevos interrogantes acerca de los límites de la democracia representativa y de su capacidad para garantizar derechos sociales, políticos y económicos. En otras palabras, la legitimidad obtenida en las urnas no constituye, por sí misma, una garantía de profundización democrática.
Brasil y Chile, con sus respectivas particularidades históricas, políticas e institucionales, permiten observar las tensiones que atraviesan a las fuerzas progresistas y conservadoras en América Latina. La disputa entre proyectos de signo ideológico opuesto evidencia que la región continúa siendo un territorio de confrontación entre distintas concepciones del Estado, la economía y la distribución de la riqueza. En ese escenario, las derechas radicalizadas han demostrado una considerable capacidad para reorganizarse, disputar el sentido común y construir alternativas electorales competitivas.
Sus promesas de libertad, orden y estabilidad económica encuentran receptividad en sectores de la población afectados por la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de sus expectativas de futuro. A ello se suma la influencia de los grandes conglomerados mediáticos y de los nuevos dispositivos de comunicación digital, que desempeñan un papel central en la construcción de agendas y en la circulación de determinados discursos políticos. No obstante, detrás de estas promesas pueden desplegarse programas que restringen derechos laborales, debilitan las políticas sociales y profundizan las desigualdades. A su vez, la construcción de adversarios internos, la estigmatización de la oposición y la legitimación de prácticas represivas constituyen elementos que, en determinadas experiencias, acompañan el avance de estas corrientes.
La izquierda, por su parte, también busca consolidarse como una alternativa política capaz de trascender los márgenes de la oposición testimonial y disputar efectivamente los espacios de gobierno. Aunque su desarrollo presenta ritmos y características diferentes según cada país, diversas experiencias muestran que existe una demanda social por propuestas que coloquen en el centro de la agenda la desigualdad económica, el acceso a los servicios públicos, el derecho a la vivienda y la ampliación de la protección social.
Un ejemplo significativo es el de Zohran Kwame Mamdani, cuya llegada a la alcaldía de Nueva York representa una experiencia relevante para analizar la capacidad de las corrientes progresistas y socialistas democráticas de construir mayorías electorales en grandes centros urbanos. Su propuesta política pone de manifiesto que, incluso en ciudades profundamente vinculadas con las dinámicas del capitalismo financiero, pueden surgir alternativas que cuestionen sus consecuencias sociales y planteen otras formas de intervención estatal.
Que una figura identificada con el socialismo democrático alcance una posición de gobierno de semejante relevancia constituye una señal política que merece ser estudiada. Sin embargo, más que interpretar estos acontecimientos como una garantía de crecimiento irreversible de la izquierda, corresponde analizarlos como parte de una disputa más amplia por la representación de las mayorías, la redistribución de los recursos y la construcción de nuevas formas de legitimidad política. El desafío para estas corrientes consiste en transformar el apoyo electoral en capacidad efectiva de gestión, organización social y construcción de poder duradero.
Volviendo al plano nacional, resulta imposible abordar el escenario de cara a 2027 sin realizar un análisis profundo de las condiciones políticas, económicas y sociales que definirán la contienda. Desde mi perspectiva, se trata de una de las elecciones más trascendentales de mi generación, no solo por la posibilidad de una alternancia en el gobierno, sino también por los proyectos de sociedad que se encuentran en pugna.
El oficialismo buscará obtener un nuevo mandato para garantizar la continuidad de su programa económico y profundizar las transformaciones que viene impulsando. Desde una mirada crítica, esto supone el riesgo de consolidar un modelo que debilita las capacidades productivas nacionales, reduce la intervención estatal en áreas estratégicas y compromete derechos conquistados a lo largo de décadas de luchas sociales. Al mismo tiempo, existe la preocupación de que se profundice una dinámica de confrontación política en la que la deslegitimación de los opositores y la estigmatización de la protesta social ocupen un lugar cada vez más relevante.
En este sentido, hablar de una profundización del modelo no implica referirse únicamente a las expresiones de confrontación que circulan en las redes sociales cada vez que se produce una movilización. Supone considerar las consecuencias estructurales que podría tener la continuidad de determinadas políticas: el deterioro del financiamiento universitario, el debilitamiento de la educación pública, la erosión de los consensos sociales construidos en torno a derechos fundamentales y la expansión de discursos que relativizan o niegan aspectos centrales de la historia argentina. La discusión, por lo tanto, excede la competencia entre partidos y remite a los límites que una sociedad está dispuesta a establecer frente a la transformación de sus instituciones y de sus acuerdos democráticos fundamentales.
En este contexto, el peronismo se encuentra ante una oportunidad histórica, pero también frente a una responsabilidad de enorme magnitud: recuperar el terreno político perdido y reconstruir una propuesta de país basada en la justicia social, la independencia económica, la soberanía política y la ampliación de los derechos populares. No se trata simplemente de regresar al gobierno, sino de volver a constituir una alternativa capaz de ofrecer respuestas concretas a las necesidades de las mayorías y de proyectar un horizonte de desarrollo nacional.
Esta tarea presenta, sin embargo, un desafío central para la dirigencia justicialista: alcanzar una síntesis política que permita articular las distintas expresiones del movimiento. Mientras el oficialismo procura sostener una identidad discursiva relativamente definida, el peronismo continúa atravesado por disputas internas, diferencias estratégicas y dificultades para establecer una conducción reconocida por el conjunto de sus sectores. De cara a 2027, la existencia de varios dirigentes con aspiraciones presidenciales puede interpretarse como una manifestación de pluralidad política, pero también como un síntoma de la fragmentación que amenaza con debilitar sus posibilidades electorales.
La cuestión fundamental no reside necesariamente en la cantidad de candidaturas que puedan surgir, sino en la capacidad del movimiento para establecer reglas de competencia, construir acuerdos programáticos y reconocer una estrategia común. Una interna democrática, lejos de representar una amenaza en sí misma, puede constituir una herramienta legítima para dirimir liderazgos y fortalecer la representación. El problema aparece cuando las disputas personales se imponen sobre las discusiones programáticas, las diferencias tácticas se convierten en fracturas irreconciliables y la competencia interna termina debilitando al conjunto de la fuerza política.
Cabe destacar, además, que el justicialismo atraviesa una profunda crisis de conducción. La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, junto con las restricciones que enfrenta para desarrollar plenamente su actividad política, introduce un elemento de incertidumbre en la reorganización del espacio. La posibilidad de una candidatura presidencial bajo la consigna «Cristina 2027», que para determinados sectores podía representar una forma de ordenar la disputa interna, pierde viabilidad frente a este escenario. En consecuencia, comienzan a adquirir mayor protagonismo otras figuras y alternativas de liderazgo que, hasta el momento, no terminan de conformar un horizonte estratégico compartido.
El problema de fondo es que el peronismo no puede limitarse a resolver la sucesión de sus dirigentes sin discutir, al mismo tiempo, el proyecto político que pretende representar. La ausencia de una conducción indiscutida no constituye únicamente una dificultad electoral: también expresa una crisis de identidad, de organización y de representación que exige una respuesta colectiva. El movimiento necesita reconstruir los mecanismos de participación, fortalecer sus estructuras territoriales, recuperar la iniciativa en el debate público y elaborar un programa capaz de responder a las transformaciones del mundo del trabajo, las nuevas formas de precarización, el deterioro de los ingresos y las demandas de las generaciones más jóvenes.
En definitiva, el desafío del peronismo de cara a 2027 consiste en comprender que la unidad no puede reducirse a una consigna ni construirse exclusivamente a partir del rechazo al gobierno de turno. Debe sustentarse en acuerdos políticos, objetivos compartidos y una propuesta de país que vuelva a colocar a las mayorías populares en el centro de la escena. La recuperación del Estado como herramienta de transformación social, la defensa de la educación pública, la reconstrucción de la industria nacional y la ampliación de los derechos laborales pueden constituir algunos de los ejes de esa reconstrucción, siempre que se traduzcan en un programa viable y en una estrategia de poder consistente.
La elección de 2027, por lo tanto, no será solamente una disputa por la administración del Estado, sino también una confrontación entre distintas concepciones acerca de la Argentina que se pretende construir. Para el oficialismo, la continuidad electoral significaría la posibilidad de profundizar su programa; para el peronismo, representaría la oportunidad de reorganizarse y recuperar la iniciativa política; para la izquierda, podría abrir un nuevo escenario de crecimiento y consolidación parlamentaria. El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de cada espacio para interpretar las demandas sociales, construir mayorías y ofrecer respuestas a una sociedad atravesada por la incertidumbre.
Lo que está en juego, en última instancia, es mucho más que el resultado de una elección. Se trata de definir qué lugar ocuparán el Estado, el mercado y la sociedad en la organización de la vida colectiva; qué derechos serán garantizados y cuáles quedarán sujetos a la capacidad económica de cada individuo; y qué modelo de desarrollo permitirá a la Arge
